La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que recibió 375 quejas a nivel nacional, entre enero y agosto de 2026, por posibles incumplimientos a la Ley 6 de 1987, que establece beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, y a la Ley 134 de 2013, relacionada con los beneficios para las personas con discapacidad.
De acuerdo con la institución, 324 casos corresponden a la Ley 6 y 51 a la Ley 134.
En el caso de la Ley 6, la Acodeco detalló que las principales anomalías reportadas fueron la tasa de interés, con 88 casos, y el descuento del 25% en restaurantes, con 72. A estas les siguen la falta de otorgamiento del descuento, con 49 quejas, y la ausencia de letreros informativos, con 48. La entidad también registró 18 casos por el descuento del 25% en transporte aéreo, 12 relacionados con préstamos personales y comerciales, y 7 por el descuento del 15% en comidas rápidas con franquicias nacionales e internacionales.
Por estos incumplimientos, la autoridad precisó que se han impuesto 32 sanciones en primera instancia por $27,330.00, de las cuales 9 corresponden a tasa de interés y suman $16,800.00.
Sobre la Ley 134, la institución indicó que la principal causa de las 51 quejas fue la falta de letreros informativos, con 29 casos, seguida de la falta de otorgamiento del descuento, con 10, y el descuento del 25% en restaurantes, con 5. La Acodeco añadió que también se reportaron casos vinculados con comidas rápidas con franquicias, farmacias, hospitales y clínicas privadas, impuestos de aeropuertos y pasaportes, televisión por cable e internet, y transporte aéreo.
En el período se han impuesto 2 sanciones en primera instancia por $600.00: una de $350.00 por servicios de televisión por cable e internet y otra de $250.00 por falta de letreros.
La Acodeco recordó a los agentes económicos que los beneficios están establecidos legalmente y deben ser aplicados e informados de manera correcta y visible a los consumidores que tienen derecho a ellos.
La autoridad exhortó a quienes consideren vulnerados sus derechos a presentar quejas formales, con información precisa sobre el establecimiento, la irregularidad detectada, sus datos personales y los documentos o comprobantes disponibles, elementos que, según indicó, son fundamentales para sustentar las investigaciones y permitir que la institución adopte las medidas legales que correspondan.
