El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Servicio de la Deuda Pública disminuirá de $7,938.9 millones en 2026 a $5,496.1 millones en 2027, una reducción de $2,442.7 millones (30.8%), como resultado del calendario anual de vencimientos y de las operaciones de financiamiento.
El titular de Economía, Felipe Chapman, aclaró que esta disminución no representa una reducción automática del saldo de la deuda, sino que responde a la programación financiera del Estado.
Durante el Consejo de Gabinete, Chapman presentó el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, que asciende a $35,111.7 millones. Según explicó el ministro, el incremento neto es de apenas $197.9 millones, equivalente al 0.6%, lo que refleja que no se trata de una expansión generalizada del gasto público, sino de una recomposición de prioridades orientada a fortalecer las áreas de mayor impacto para la población.
Sobre la reducción en el servicio de la deuda, indicó que, en el presupuesto del Gobierno Central, pasaría de $17,935.6 millones en 2026 a $16,534.5 millones en 2027, una disminución de $1,401 millones (7.8%). Precisó que esta variación responde principalmente al comportamiento del Servicio de la Deuda Pública y no a un recorte de los programas esenciales del Estado.
El ministro también señaló que el eje central del presupuesto busca asignar mayores asignaciones para educación, salud, seguridad social, infraestructura, vivienda, agua potable, seguridad ciudadana y programas dirigidos a reducir las brechas sociales y territoriales.
Como parte del esfuerzo, el presupuesto incorpora aproximadamente $3,400 millones destinados al financiamiento de subsidios y programas de apoyo económico, de los cuales cerca de $1,496 millones corresponden a los aportes solidarios del Gobierno Central para los programas administrados por la Caja de Seguro Social, incluyendo alrededor de $1,044 millones para el Fondo Único Solidario.
Según Chapman, el presupuesto también pretende fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, mejorar la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos del Estado, y contribuir al desarrollo humano, la estabilidad económica y la responsabilidad intergeneracional que demanda el país.
