Las reclamaciones en arbitrajes internacionales contra el Estado panameño en relación con la mina Cobre Panamá, paralizada desde noviembre 2023, suman cuantías no menores de $27,000 millones, mientras que, cerrar el sitio minero sin ningún acuerdo costaría entre $2,600 y $3,400 millones, según mostró el Informe Final de la Comisión Interministerial entregado hoy al presidente José Raúl Mulino.
El panorama fue expuesto por los miembros de la comisión integrada por los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y de Ambiente, Juan Carlos Navarro en un acto que se realizó en el Anfiteatro del Palacio de las Garzas.
Sobre el tema de los arbitrajes, las autoridades señalaron que las cuantías reclamadas, no son montos reconocidos por el Estado panameño, ni liquidados ni adjudicados por ningún tribunal.
“El Estado no ha reconocido esas reclamaciones y usará contra ellas todas sus defensas. El informe consigna la magnitud de lo que está en discusión, no una deuda, y recomienda que la terminación de todos los arbitrajes pendientes sea condición de cualquier acuerdo al que se pueda llegar”, menciona el texto.
Ante ello, el ministro Navarro indicó que «Lo que está prohibido es no hacer nada”.
Cabe señalar que el informe fue solicitado a la Comisión el 1 de julio de 2026 y consistía en evaluar los resultados de la auditoría integral, identificar las opciones disponibles para la Nación y recomendar el camino que mejor proteja el interés nacional en sus dimensiones ambiental, social y económica.
Costo de cerrar
En cuanto al costo de un cierre sin acuerdo, el titular del MEF, señaló que el informe estima un rango de entre $2,600 y $ $3,400 millones a lo largo de 17 a 19 años. La cifra se construye con la estimación del Ministerio de Comercio e Industrias de marzo de 2024, de entre $800 y $1,000 millones en un plazo de siete a nueve años, más el mantenimiento posterior que la propia empresa declaró a sus inversionistas en enero de 2024, de entre $15 y $20 millones mensuales durante al menos diez años, equivalente a entre $1,800 y $2,400 millones.
Además, mencionó que más de dos tercios del total corresponde a sostener el sitio y no a cerrarlo. Y, comparó ese monto con el Presupuesto General del Estado de 2026: equivale a hasta el 9.7% del total, al 33.8% del presupuesto de salud y al 59.8% del de educación, o a entre $560 y $732 por habitante.
“Eso no es una inversión: es un gasto. Un gasto que no generaría crecimiento, que no crearía una sola cadena económica, que no dejaría un empleo permanente ni una obra”, alertó Chapman.
La Comisión precisa que nadie recibiría una factura y que los montos son acumulados de 17 a 19 años frente a presupuestos de un solo año, por lo que las equivalencias expresan escala y costo de oportunidad, no una sustitución automática de gastos.
“Cero es lo que debe costar al Presupuesto General del Estado una solución al tema de la mina de cobre. El sitio paga su propio cierre, o no hay arreglo”, precisó el titular del MEF.
El documento recuerda que ese mecanismo es el que ya opera en la fase de preservación, que según el texto no ha sido pagada por el presupuesto nacional, dejó al Estado $30 millones en regalías y generó 2,300 contrataciones directas, que en una relación de tres a uno sostienen cerca de 7,000 empleos indirectos adicionales.
Falta de un marco definido
El documento también cuantifica lo que cuesta la falta de definición. Según el informe, cada día sin un marco definido el país deja de generar $6.85 millones en divisas y de producir $3.79 millones de aporte al producto nacional, el fisco no percibe $1.28 millones en impuestos directos y la Caja de Seguro Social no recibe $390,000.
Además, aclara que son promedios diarios, calculados dividiendo el total documentado entre los días de su período. Sobre el impacto del cierre de la actividad, el informe menciona más de 6,000 empleos directos y alrededor de 30,000 indirectos, del orden de 144,000 personas; 2,000 proveedores registrados, de los cuales el 75%, unos 1,500, eran micro, pequeñas y medianas empresas; que más de un tercio de los trabajadores venía de la región minera; y una caída de 45.6% en el aporte sectorial al producto nacional en 2024.
«El país lleva casi tres años discutiendo este expediente, y mientras discutimos, una economía regional se desarmó. La falta de decisión para resolver este problema no es una posición neutral. Es la más costosa de todas», sostuvo Moltó.
Plan de Conservación
El informe también describe el estado actual del sitio y afirma que no está cerrado ni apagado, sino bajo un plan de preservación ordenado por el Estado, con vigilancia permanente y sin extracción minera en curso. Según el texto, 164 instrumentos vigilan la instalación de manejo de relaves, y lo que se procesa es roca extraída antes de noviembre de 2023: 31.6 millones de toneladas acopiadas a la intemperie, de las cuales se ha procesado el 16%, principalmente como medida de seguridad ambiental.
«Una mina de miles de hectáreas de extensión, una de las más grandes del mundo, no se cierra como quien apaga una luz», afirmó Navarro.
En materia ambiental, el informe señala que el Estado ordenó la auditoría integral mediante contrato público con SGS Panamá Control Services Inc., filial del grupo SGS, y que sus quince tomos se publicaron completos en el portal del Ministerio de Ambiente, conforme a la Ley 6 de 2002 y a la Ley 125 de 2020, que adopta el Acuerdo de Escazú.
Agrega que una firma de consultoría ambiental constituida en la República Eslovaca, contratada mediante convenio refrendado por la Contraloría General y sin costo para el país, realizó una revisión independiente. Se evaluaron 370 compromisos ambientales y el documento publica tres lecturas sin elegir una: 98.92% de cumplimiento medido compromiso por compromiso, con 366 de los 370 sin calificación adversa; 97.5% si se cuentan los casos parciales, con nueve que presentan algún nivel de no conformidad; y 87.73% en la calificación integral ponderada, la más exigente y la única que incorpora riesgos y pasivos a futuro.
Según el informe, las cuatro no conformidades se concentran en flora, restauración ecológica y reforestación, y ninguna corresponde a estabilidad de relaves, calidad de agua o emisiones atmosféricas. La Comisión recomienda un plan de subsanación con metas, plazos y verificación externa publicada, que abarque los nueve casos, y el documento identifica además catorce brechas como oportunidades de mejora.
El documento contiene 17 recomendaciones y 6 criterios que la Comisión pide aplicar a cualquier solución: acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y la Ley 407 del 3 de noviembre de 2023; la rectoría del Estado y la titularidad de la Nación sobre los yacimientos minerales; que no haya costo fiscal para los panameños; una transparencia verificable, no declarativa; prioridad a quienes fueron afectados directamente por el cierre; y una supervisión conforme a estándares internacionales.
A la vez, precisa que se trata de un estudio y una recomendación, y que no fija fechas para actividades futuras en el sitio, no aprueba adjudicaciones, contrataciones ni desembolsos, no fija cuotas de contratación o compras locales y no define la forma jurídica de una eventual solución.
Lo que recomienda, según el documento, es evaluar la viabilidad de un acuerdo que permita resolver los arbitrajes pendientes y establecer las condiciones para una puesta en marcha que conduzca a un cierre ordenado, sin costo para la Nación, sin posibilidad de prórroga y en acatamiento del fallo de la Corte.
Entre las condiciones para el cierre, el informe recomienda que la huella territorial no se incremente y se reduzca de manera progresiva y verificable; fijar una fecha de término del cierre final y un estándar de restitución, con el pasivo residual identificado, cuantificado y financiado; y establecer hitos fechados por frente para que el pasivo baje mientras el modelo esté vigente. Navarro pidió al presidente, según el documento, adoptar formalmente un plan de cierre ordenado con un fondo que garantice su cumplimiento y una revisión independiente que confirme la condición de cierre seguro. «Que el cierre no lo declare quien cierra», dijo el ministro.
En el componente comunitario, el informe relata que la Comisión visitó la planta de procesos, el Consejo Municipal de Coclesito con los tres alcaldes, el Mercado Municipal de La Pintada con proveedores y el río Botija, a menos de un kilómetro del tajo. Según el documento, el hallazgo fue que el obstáculo de esos municipios no es la falta de proyectos, sino la falta de estudios, diseños y expedientes para ejecutarlos, por lo que recomienda acompañamiento técnico permanente y no solo transferencia de recursos.
También propone un mecanismo estable de legado ambiental, operado por el Ministerio de Ambiente, con cinco destinos: ciencia de conservación, formación de cuadros científicos, restauración con especies nativas, custodia del territorio y formación ambiental escolar. Plantea además formalizar el Programa de Monitoreo Participativo Comunitario, lanzado el 24 de agosto de 2026 en el río Botija, donde los propios vecinos toman las muestras de agua con metodología verificable y resultados públicos.
Mulino recibió el informe, hizo suyos los seis criterios y anunció que lo estudiará antes de resolver, según el documento. «Esos seis no se negocian. Todo lo demás se estudia«, dijo, y agregó que lo hará con su gabinete, sus abogados y el tiempo que exige un documento de esa magnitud.
El mandatario afirmó que será él quien anuncie la decisión al país, «de frente y con sus fundamentos por delante». Mientras tanto, de acuerdo con el informe, el sitio continúa bajo el plan de preservación y la supervisión ambiental del Estado.
