El desempleo en la región occidental de Panamá sigue ganando terreno, está realidad es enfrentada diariamente por miles de chiricanos profesionales que anhelan la llegada de empresas u obras que abra puertas al talento laborar que existe en la provincia.
Y es que, según cifras del Observatorio de datos de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), esta provincia registra una sostenida migración entre los años 2013 y 2023. Un total de 114,095 chiricanos han abandonado el territorio en busca de oportunidades laborales.
En números, Chiriquí ha visto salir más del 11% de su población. A este panorama se suma un dato reciente que agrava aún más la situación.
De acuerdo con la Encuesta del Mercado Laboral a septiembre de 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), analizada por el consultor empresarial René Quevedo, la provincia de Chiriquí perdió 36,357 empleos en 2025, de los cuales un 35% eran formales, impactando principalmente sectores clave como la agricultura, el comercio al detal y los hoteles y restaurantes.
En medio de este contexto, una cifra revela el nivel de urgencia y, al mismo tiempo, la esperanza de miles de familias: 20,000 hojas de vida han sido recibidas a través del portal de empleo del Proyecto Puerto Barú en David, convirtiendo esta inversión privada en una de las principales oportunidades reales para que miles de chiricanos accedan a un trabajo formal sin salir de su provincia.
La avalancha de aplicaciones a vacantes no solo confirma el interés en el proyecto logístico más grande en la historia de la provincia de Chiriquí, cuya inversión supera los $250 millones, sino que también expone, sin filtros, la escasez de oportunidades para profesionales.
Y es que detrás de cada currículo hay una decisión pendiente: quedarse y apostar por Chiriquí o formar parte de una estadística que sigue creciendo.
Para Felipe Vinicio Rodríguez, empresario chiricano y expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Chiriquí, la provincia enfrenta una realidad que no puede seguir esperando: un desempleo que ya supera el 11% y una presión en aumento sobre una población joven que demanda oportunidades reales para no verse obligada a migrar.
“Es necesario respetar la seguridad jurídica del país, especialmente cuando se trata de proyectos que han cumplido con los procesos técnicos y han sido evaluados y aprobados por las autoridades correspondientes”, indicó Rodríguez.
