Panamá se consolidó como el segundo país con mejor desempeño de Centroamérica en la mitigación del comercio ilegal, al alcanzar una calificación de 49.6 puntos en el Índice de Comercio Ilícito. El dato se desprende del nuevo informe titulado «Evaluación del desempeño de Centroamérica en el Índice de Comercio Ilícito», presentado por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) durante un conversatorio organizado en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).
A nivel global, la economía panameña ocupa el puesto 81 entre 158 naciones evaluadas, superando el promedio regional de Centroamérica, situado en 43.7 puntos.
A pesar de los avances regulatorios recientes, que incluyen la salida de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la lista de alto riesgo de la Unión Europea, el reporte advierte que el país mantiene un riesgo moderadamente alto debido a su exposición a falsificaciones, flujos financieros ilícitos y contrabando de bienes sujetos a impuestos especiales.
El director general de TRACIT, Jeffrey Hardy, señaló que las sólidas capacidades regulatorias y aduaneras panameñas se ven seriamente comprometidas por las brechas en el monitoreo de la cadena de suministro.
El análisis identifica de manera directa a la Zona Libre de Colón como una de las principales vulnerabilidades estructurales, argumentando que, si bien es clave para la facilitación del comercio legítimo, es explotada por redes criminales organizadas para el ocultamiento, reempaquetado y redistribución regional de medicamentos, tabaco y falsificaciones.
Durante el encuentro, que contó con la participación de ministros, directores de aduanas y líderes empresariales, la directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), Soraya Valdivieso, reafirmó su compromiso para contrarrestar este delito mediante el aumento de controles e inspecciones basadas en riesgo.
Valdivieso destacó la implementación de un trabajo interinstitucional junto a la Zona Libre de Colón para robustecer la trazabilidad de los productos derivados del tabaco destinados a la exportación y reexportación, reformas que permitieron a la entidad escalar 13 puntos percentiles en el índice aduanero.
Por su parte, el presidente de la CCIAP, Aurelio Barría Pino, enfatizó que la privilegiada posición geográfica de Panamá obliga al Estado a ser mucho más riguroso, dado que el contrabando genera una competencia desleal contra las empresas formales, destruye empleos y ahuyenta la inversión extranjera. Barría Pino instó a una coordinación urgente entre el sistema judicial, las aduanas y el sector privado para defender la legalidad mediante tecnología y sanciones proporcionales.
Desempeño regional y global
El panorama centroamericano expone marcadas diferencias en las capacidades estatales de control frente a una dinámica delictiva compartida que atraviesa múltiples sectores, desde productos farmacéuticos ilegales hasta delitos ambientales como la tala y la minería ilícitas. A nivel de bloques mundiales, la región se sitúa por debajo de los estándares observados en otras latitudes geográficas.
En la escala regional, los puntajes obtenidos por cada país reflejan la siguiente distribución:
- Costa Rica: 51.2 puntos
- Panamá: 49.6 puntos
- El Salvador: 45.8 puntos
- Belice: 43.9 puntos
- Guatemala: 43.1 puntos
- Honduras: 39.3 puntos
- Nicaragua: 33.3 puntos
En la comparación por zonas geográficas globales, el Índice de Comercio Ilícito posiciona el rendimiento de las regiones evaluadas bajo los siguientes promedios:
- América del Norte: 73.3 puntos
- Europa: 61.0 puntos
- Asia-Pacífico: 50.9 puntos
- América del Sur: 49.1 puntos
- Centroamérica: 43.7 puntos
- África: 40.8 puntos
La TRACIT enumeró las líneas de acción prioritarias que el liderazgo gubernamental panameño debe adoptar de forma inmediata para blindar sus fronteras comerciales.
Entre las recomendaciones principales destacan el fortalecimiento del marco regulatorio y los controles operativos dentro de las zonas francas, la continuidad en la optimización de los sistemas de inspección de la ANA mediante la selección basada en riesgo, el robustecimiento de medidas para mitigar la corrupción y el lavado de activos, y el establecimiento urgente de supervisión regulatoria para el comercio electrónico y los canales postales de envío.
