Panamá ha funcionado razonablemente bien. Durante décadas creció, mantuvo una inflación baja, atrajo inversión y consolidó una plataforma internacional de servicios. El dólar estadounidense, el Canal, el centro bancario, la logística, la apertura comercial y su posición geográfica le dieron ventajas poco comunes en la región.
Además, ha sido un país relativamente libre de crisis y notablemente estable. Por eso, el punto de partida no debería ser una historia de fracaso, sino una pregunta más compleja: ¿hasta qué punto el propio éxito redujo la urgencia de corregir lo que no funcionaba?
Estas anclas estructurales ayudaron a sostener esa estabilidad y la continuidad general del modelo económico. Sin embargo, no resolvieron las debilidades institucionales; permitieron convivir con ellas. Panamá no llegó a sus problemas porque nada funcionara, sino porque muchas cosas funcionaron suficientemente bien como para que otras permanecieran intactas.
Mientras los sectores más dinámicos se integraban al mundo, la administración pública, la justicia y la rendición de cuentas avanzaban con mayor lentitud. Así, una parte importante de la economía se modernizó más rápido que la gobernanza encargada de acompañarla. Ese desfase es el hilo central de nuestra paradoja.
Samuel Huntington, profesor de Harvard, cuestionó la idea de que la modernización económica produjera automáticamente instituciones políticas más sólidas. Cuando las demandas y la complejidad de una sociedad crecen más rápido que la capacidad institucional para procesarlas, aumentan la frustración y la desconfianza.
La observación encaja con Panamá: el país se hizo más moderno, pero el Estado no siempre desarrolló la capacidad necesaria para gobernar de forma óptima esa transformación.
De allí nacen muchas de nuestras dualidades. Contamos con una plataforma logística global, servicios financieros internacionales, conectividad y estabilidad monetaria. No obstante, mantenemos brechas sociales, territoriales y administrativas propias de economías menos desarrolladas.
Las diferencias de ingreso ilustran esa contradicción. En 2023, los trabajadores indígenas percibían ingresos 36% inferiores a los no indígenas. A su vez, quienes tenían menor calificación ganaban 74% menos que las personas con educación terciaria. Las brechas no responden solamente a cuánto produce el país, sino a quién accede a los empleos más productivos, dónde vive y qué oportunidades educativas recibe.
La corrupción revela otro contraste. En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025, Panamá obtuvo 33 puntos sobre 100, frente a 56 de Costa Rica y 63 de Chile, y ocupó la posición 116 entre 182 países. El indicador no registra cada acto de corrupción, pero muestra que nuestro desempeño institucional está muy por debajo de economías regionales con las que aspiramos a compararnos.
Douglass North permite unir estas piezas. El Nobel de Economía de 1993 sostuvo que el desarrollo depende tanto de las reglas escritas como de las prácticas informales y de la manera en que se hacen cumplir. Por eso, una economía puede modernizarse con rapidez mientras la conducta de sus instituciones permanece anclada en rutinas anteriores.
El ejemplo panameño es cercano. Podemos aprobar normas, digitalizar trámites o reorganizar entidades; sin embargo, si persisten la discrecionalidad, la débil coordinación y una aplicación desigual de las reglas, el cambio ocurre más rápido en el papel que en la realidad. En términos de North, el pasado institucional continúa condicionando el presente, aun cuando la economía haya avanzado hacia otra etapa.
Esto explica por qué una reforma no puede medirse solo por la ley aprobada o la entidad creada. Las conductas, las capacidades y la legitimidad requieren continuidad. Existen, además, actores que se benefician del statu quo y resisten determinados ajustes, aunque ese tema de economía política merece otro análisis. Aquí importa algo previo: el éxito redujo la urgencia y permitió posponer decisiones que un entorno menos favorable habría obligado a enfrentar antes.
Por ende, el desafío consiste en promover cambios graduales y suficientemente consensuados antes de que una crisis los imponga. Consenso no significa unanimidad ni debe convertirse en excusa para aplazar decisiones difíciles. Significa construir legitimidad, ordenar prioridades y mantener una dirección en el tiempo. El cambio gradual no consiste en posponer las reformas, sino en secuenciarlas sin destruir la estabilidad que se busca preservar.
Panamá no necesita desmontar las bases que le permitieron avanzar. Necesita utilizarlas para fortalecer las instituciones capaces de convertir el crecimiento en oportunidades más amplias.
La pregunta no es si debe escoger entre estabilidad y cambio, sino si aprovechará la estabilidad que todavía conserva para transformarse antes de que una crisis haga el cambio más abrupto, conflictivo y costoso.
Por: Horacio Estribí
Economista
