La República de Panamá resultó vencedora en el arbitraje internacional iniciado por Banesco Holding Latinoamérica S.A. y Banesco (Panamá), S.A. ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), logrando que el tribunal no solo rechazara una demanda de $13.5 millones, sino que ordenara a la entidad bancaria el pago de $900,000.00 a favor del Estado panameño para cubrir honorarios legales y gastos del proceso, informó una fuente oficial.
Mediante el laudo fechado el 5 de mayo de 2026, los árbitros concluyeron que el país no infringió ninguna de sus obligaciones bajo el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, validando la actuación de las instituciones nacionales en el ejercicio de sus funciones.
El conflicto legal, que se remontaba a 2023, se centró en reclamos por parte de Banesco que calificaban como arbitraria la ejecución de fianzas emitidas para garantizar contratos de obra pública incumplidos. La empresa argumentaba que el Estado había vulnerado el estándar de «trato justo y equitativo»; sin embargo, la decisión del CIADI aclaró que dicho principio no constituye una garantía contra los riesgos comerciales inherentes a la actividad bancaria.
El tribunal determinó que las autoridades panameñas actuaron con transparencia y que el banco tuvo acceso pleno a los mecanismos legales internos, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, cuyos fallos fueron calificados como interpretaciones razonables del derecho local.
La defensa estratégica de Panamá fue coordinada por la Oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el apoyo de la firma internacional LALIVE.
