Cuando una empresa evalúa realizar una inversión sustancial en Panamá, no solo analiza las perspectivas de crecimiento, nuestra posición geográfica o las ventajas de una economía dolarizada; también se hace una pregunta fundamental: ¿las reglas y leyes se mantendrán mañana?, ¿los contratos se respetarán?, ¿las instituciones responderán?, ¿podremos planificar a cinco o diez años con un nivel razonable de estabilidad jurídica? Las respuestas a esas preguntas son determinantes en la decisión de inversión porque el capital busca oportunidades, pero, sobre todo, confianza.
Panamá cuenta con fortalezas extraordinarias para competir: una ubicación estratégica, conectividad global, una plataforma logística de alcance mundial, un sistema financiero desarrollado y una economía dolarizada. Sin embargo, para aprovechar plenamente estas ventajas necesitamos instituciones capaces de generar certeza y sobre todo confianza. Cuando las reglas son claras y las instituciones funcionan, las empresas invierten, reinvierten, generan empleo y se aventuran a crecer. Cuando la confianza se deteriora, ocurre lo contrario: las decisiones se postergan, el capital actúa con mayor cautela y las oportunidades pueden trasladarse hacia otros destinos.
Los indicadores reflejan precisamente esa dualidad. En julio de 2026, la medición del Nivel de Confianza Económica realizado por ELEMÉNTE se situó en 8.1 sobre 10, manteniéndose en un rango alto, mientras que el 22% de las empresas prevé aumentar su planilla durante los próximos doce meses. Son señales alentadoras, aunque acompañadas de cierta cautela. Las empresas que esperan incrementar sus ventas en ese mismo período pasaron de 61% en junio a 52% en julio. La lectura es clara: existe confianza, pero también prudencia frente al futuro, y esa percepción termina influyendo en las decisiones de inversión, contratación y crecimiento.
Al enfocar la mirada hacia la calidad de nuestras instituciones, aparecen señales que merecen especial atención. En el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, Panamá obtuvo una puntuación de 0.52 sobre 1, ubicándose en la posición 73 de 143 países y en el puesto 14 de 32 economías de América Latina y el Caribe.
Sin embargo, al observar sus distintos componentes, los desafíos son aún más evidentes: mientras el país ocupa la posición 49 a nivel mundial en gobierno abierto, cae al puesto 87 en justicia civil, 93 en ausencia de corrupción y 105 en justicia penal. Es claro que la administración de justicia es nuestra principal debilidad.
Sobre este punto, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) ha tomado la iniciativa de lanzar el Observatorio de Transparencia Judicial como parte de nuestra contribución hacia el país.
En el Índice de Libertad Económica 2026, Panamá alcanzó 64.9 puntos y la posición 63 entre 184 economías, retrocediendo desde el puesto 56 que ocupaba un año antes. Y el Índice de Calidad Institucional 2026 presenta otra señal importante: nuestras instituciones económicas ocupan el puesto 57, mientras las instituciones políticas se sitúan en el 75. Estas brechas evidencian que fortalecer la justicia, combatir la corrupción y garantizar una aplicación efectiva de las normas sigue siendo fundamental para construir la confianza que el país necesita.
La reciente transición en el Ministerio de Educación (MEDUCA) evidencia la importancia de contar con instituciones que trasciendan los cambios de dirigencia. En educación, los avances no pueden reiniciarse con cada administración: debemos preservar lo que funciona, corregir lo necesario y mantener políticas de largo plazo que generen confianza y preparen el talento que Panamá necesita.
El caso de la Dirección General de Ingresos (DGI) plantea otro desafío. Las irregularidades bajo investigación no son únicamente un asunto judicial; también ponen a prueba los controles institucionales y la confianza de los contribuyentes. Ambos casos, aunque distintos, nos recuerdan que la fortaleza de un país depende también de instituciones capaces de garantizar continuidad, transparencia y rendición de cuentas.
No se trata solamente de Meduca o de la DGI, se trata de cómo construimos instituciones capaces de trascender personas, gobiernos y coyunturas.
Esta convicción forma parte de la hoja de ruta que hemos trazado para APEDE durante el período 2026-2027. Uno de nuestros principales ejes de trabajo es precisamente Gobernanza, Transparencia e Institucionalidad, partiendo de un principio que también debemos aplicar hacia adentro: las instituciones deben ser más fuertes que las personas que temporalmente las dirigen.
Por eso hemos asumido el compromiso de fortalecer el gobierno corporativo y la rendición de cuentas dentro de nuestra propia Asociación, porque si aspiramos a mejores instituciones para Panamá, debemos empezar por dar el ejemplo desde casa.
Ese compromiso también se traduce en una agenda de incidencia orientada a proponer soluciones, entre ellas la creación del Observatorio APEDE de Transparencia Judicial, una iniciativa técnica y permanente para dar seguimiento al desempeño del sistema de justicia. Fortalecer la seguridad jurídica y la eficiencia judicial no solo mejora nuestra institucionalidad; también genera la certeza que necesitan quienes evalúan invertir, crecer y generar empleo en el país.
Los indicadores internacionales refuerzan la necesidad de avanzar. Panamá obtuvo 33 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción, por debajo del promedio de las Américas, de 42 puntos, y aún distante de países como Uruguay, con 73; Chile, con 63; y Costa Rica, con 56. Sin embargo, también contamos con fortalezas sobre las cuales construir. En el Índice de Democracia 2025, Panamá alcanzó 7.04 sobre 10, ocupando la posición 44 entre 167 países y el quinto lugar en América Latina y el Caribe. Asimismo, en calidad institucional nos mantenemos por encima del promedio latinoamericano. El reto no es partir de cero, sino cerrar las brechas que aún limitan nuestra capacidad de generar mayor confianza y competitividad.
Panamá cuenta con fortalezas sobre las cuales avanzar, pero países como Uruguay, Costa Rica y Chile nos superan de manera consistente en varios indicadores, confirmando que la calidad institucional también es un factor de competitividad. Para quienes invierten, la confianza significa reglas claras, seguridad jurídica y condiciones equitativas para competir. Esa certeza reduce riesgos y favorece la inversión, la innovación y el empleo. En cambio, la desconfianza actúa como un impuesto invisible que encarece hacer negocios y frena decisiones. Por eso, fortalecer las instituciones es también una condición para crecer y generar mayores oportunidades.
Desde APEDE queremos conectar, evolucionar e incidir, y eso significa ir más allá de señalar los problemas: debemos proponer soluciones, medir resultados y contribuir a construir políticas que trasciendan los períodos de gobierno. Panamá tiene el potencial para avanzar, pero necesita instituciones sólidas, transparentes y eficientes, capaces de generar seguridad jurídica y reglas claras para todos. La confianza se construye con tiempo y resultados; convertirla en un activo del país es fundamental para atraer inversión, generar oportunidades y crecer con una visión de largo plazo.
Alberto López Tom
Presidente
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa
