Lo ocurrido en el Puente de las Américas además de un suceso lamentable, fue una señal de alerta. En pocas horas, una de las principales conexiones del país se vio comprometida, afectando la movilidad de miles de panameños, la actividad económica y el funcionamiento normal de la ciudad. Más allá del hecho puntual, lo que quedó en evidencia es algo que no podemos seguir ignorando: Panamá aún no cuenta con protocolos claros y coordinados para responder ante emergencias en infraestructuras estratégicas.
«Panamá no puede darse ese lujo porque somos un país de conexión, de logística, de servicios. Cuando un punto importante se detiene, el impacto no es solo local, es nacional e incluso internacional. Por eso, la propuesta del Ejecutivo de discutir una norma de Infraestructuras Críticas y Servicios Esenciales llega en un momento oportuno para fortalecer la forma en que el país responde ante situaciones que pueden comprometer su funcionamiento», dijo la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Giulia De Sanctis.
La iniciativa plantea algo fundamental: establecer un marco claro para proteger, asegurar y garantizar la continuidad de las infraestructuras que sostienen el funcionamiento del país.
También reconoce sectores estratégicos como energía, agua, transporte, telecomunicaciones, sistema financiero y salud, entendiendo que cualquier interrupción en estos puede afectar la economía, la estabilidad del Estado y el bienestar de la población.
Además, introduce un enfoque moderno de gestión integral de riesgos que abarca no solo amenazas físicas, sino también cibernéticas y operativas, clave en un entorno cada vez más digital. Un aspecto central es la creación de un sistema de gobernanza con instancias como un Consejo Estratégico, un Comité Fiscalizador y un Servicio Nacional de Ciberdefensa, orientado a lo que hoy más se necesita: coordinación, no acciones aisladas, sino respuestas articuladas entre instituciones.
Adicionalmente establece principios que deberían guiar cualquier actuación en esta materia: prevención, coordinación, continuidad operativa y cooperación entre el sector público y privado. En la práctica, esto significa tener planes, protocolos y responsabilidades claras antes de que ocurra una crisis y ese es justamente el punto porque no podemos seguir reaccionando, tenemos que anticiparnos.
Lo que vimos en el Puente de las Américas fue el esfuerzo de distintas entidades tratando de resolver una situación compleja, pero sin un protocolo previamente definido. Eso genera demoras, incertidumbre y un mayor impacto para los ciudadanos, por lo que contar con esta nueva normativa permitiría avanzar hacia algo distinto: saber qué hacer, cómo hacerlo y quién debe actuar en cada momento.
Desde la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) hemos señalado que esta iniciativa responde a una necesidad real del país y está alineado con buenas prácticas internacionales en materia de protección de infraestructuras críticas, es un paso importante hacia un modelo más ordenado, técnico y predecible. Este es el momento de construir soluciones, de aprender de lo que pasó y transformar esa experiencia en mejores decisiones, porque al final, prepararnos mejor no es opcional, es una responsabilidad con el país y con todos los panameños.
