La declaratoria de estado de emergencia ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño es una decisión preventiva que valoramos positivamente. Ahora viene la parte más importante: convertir esa anticipación en acciones concretas que verdaderamente reduzcan su impacto sobre la población, el agro y la economía.
Desde APEDE hemos organizado un equipo para dar seguimiento a las medidas que adopte el Estado. Queremos contribuir, desde nuestras distintas áreas de especialidad, a que las decisiones que se tomen sean oportunas, eficientes y lleguen a quienes realmente las necesitan. También estaremos atentos a que los recursos destinados a esta emergencia sean administrados públicamente y con transparencia, bajo los controles correspondientes. En particular, será clave que la ejecución quede sujeta a controles posteriores rigurosos, que permitan fiscalizar con detalle, una vez utilizados, cómo se emplearon esos recursos.
Estamos entrando en un período decisivo. Los próximos meses representan una ventana de oportunidad para preparar al país frente a los escenarios que se anticipan para la estación seca. Por eso, más que generar alarma, este debe ser un momento para informar, orientar y actuar.
El Niño tampoco debe verse únicamente como un problema del sector agropecuario.
Estamos frente a un desafío nacional que puede impactar la disponibilidad de agua para consumo humano, la producción de alimentos, la industria, la generación de energía, la infraestructura, las operaciones del Canal de Panamá y, en consecuencia, nuestra economía y competitividad.
El agua conecta prácticamente todas estas actividades. Cuando escasea, no solamente enfrenta dificultades el productor que necesita sostener sus cultivos o su ganado. También puede verse comprometido el abastecimiento de comunidades, la generación hidroeléctrica, la continuidad de actividades económicas y la operación de nuestro principal activo estratégico: el Canal de Panamá.
Por eso, una de las prioridades debe ser administrar responsablemente nuestros recursos hídricos y preservar, en la mayor medida posible, las reservas de agua para la estación seca. Gestionar adecuadamente este recurso no es solamente un asunto ambiental: es un tema económico, social y estratégico para Panamá.
Pero detrás de las cifras y los indicadores hay personas. Una inundación puede significar para una familia perder su vivienda o incluso la vida. Una sequía puede representar para un productor perder una cosecha, ganado, ingresos y meses de esfuerzo. Los fenómenos climáticos no son solamente noticias: pueden cambiar drásticamente la vida de las personas.
Panamá ha contado históricamente con condiciones climáticas relativamente favorables, pero los eventos extremos y cada vez más recurrentes nos están demostrando que debemos fortalecer nuestra capacidad de adaptación y resiliencia.
Es preferible prepararnos para un escenario que finalmente resulte menos severo que enfrentar una crisis anunciada sin haber tomado las previsiones necesarias.
La declaratoria de emergencia autoriza al Gobierno a utilizar procedimientos especiales para responder con mayor rapidez, y entendemos esa necesidad. Si existen obras, equipos, insumos o servicios indispensables para reducir los riesgos, las instituciones deben tener capacidad para contratarlos y ejecutarlos oportunamente.
El Niño no espera y una respuesta que llega después de ocurrido el daño deja de ser prevención, pero la rapidez no puede significar ausencia de escrutinio público y controles, como ocurrió durante la pasada pandemia.
Las contrataciones realizadas bajo condiciones excepcionales deben contar con la mayor transparencia posible. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué se contrató, con quién, por cuánto y para qué. La Contraloría General de la República tiene un papel fundamental de supervisión y fiscalización, mientras las instituciones responsables deben garantizar la trazabilidad y publicidad de cada decisión. La celeridad que exige la emergencia no puede traducirse en menos controles, sino en controles adaptados al momento: procedimientos ágiles para contratar, acompañados de controles posteriores rigurosos y oportunos que permitan verificar, una vez ejecutado el gasto, que cada recurso se utilizó correctamente y publicar los mismos.
La propia resolución establece mecanismos de rendición de cuentas y la publicación de las contrataciones en Panamá Compra. Su cumplimiento riguroso, incluyendo controles posteriores efectivos y oportunos, permitirá responder con la agilidad que demanda la situación sin generar dudas sobre el manejo de los recursos públicos. La urgencia puede requerir procedimientos excepcionales, pero nunca menos transparencia ni menos rendición de cuentas.
Declarar una emergencia, sin embargo, es apenas el comienzo. Las medidas tienen que llegar a cada territorio y traducirse en soluciones. En el sector agropecuario existen acciones que pueden impulsarse desde ahora: cosecha de agua, construcción, rehabilitación y adecuación de abrevaderos y pozos, mantenimiento e instalación de sistemas de riego, y una mejor administración del recurso hídrico para garantizar agua para los animales y los cultivos. También es necesario evaluar mecanismos de financiamiento ágiles y accesibles que permitan a los productores realizar inversiones preventivas y enfrentar los posibles impactos sin comprometer la continuidad de sus actividades.
Tan importante como los recursos es la información. Hay que llevar la prevención hasta el productor. La asistencia técnica y la capacitación son fundamentales para que quienes trabajan la tierra conozcan cuáles zonas presentan mayor riesgo, qué actividades pueden verse más afectadas y qué medidas pueden adoptar antes de que llegue la etapa más crítica.
También debemos mirar más allá de esta emergencia y retomar los proyectos nacionales de riego y cosecha de agua, incluyendo la reparación y mantenimiento de la infraestructura existente y el desarrollo de los proyectos pendientes. No podemos enfrentar cada período de sequía como si fuera la primera vez.
La responsabilidad tampoco recae exclusivamente sobre el Gobierno. El sector privado debe identificar sus propias vulnerabilidades y tomar medidas para proteger la producción y garantizar, en la medida de lo posible, la continuidad de sus operaciones.
El Estado no puede hacerlo solo y el sector privado tampoco. Necesitamos coordinación entre Gobierno, empresas, productores, academia y sociedad. Es primordial la información, planificación y capacidad para anticipar escenarios.
APEDE asume un papel activo en este proceso. Desde nuestras comisiones de Ambiente y Resiliencia y de Asuntos Agropecuarios seguiremos la evolución del fenómeno y sus implicaciones para la actividad económica, promoveremos propuestas y espacios de colaboración con las autoridades y daremos seguimiento a las acciones que se ejecuten para enfrentar esta emergencia.
En esa dirección, reiteramos nuestro compromiso con el seguimiento continuo al sector productivo, identificación de riesgos y generar propuestas con una visión que vaya más allá de esta coyuntura, porque esta emergencia también debe dejarnos una lección: Panamá necesita consolidar una verdadera cultura de prevención.
El Gobierno ha dado un paso importante al anticiparse. Ahora corresponde aprovechar esta ventana para convertir la prevención en resultados. Prepararnos para El Niño es proteger el agua, los alimentos, la energía, la infraestructura, el Canal, los empleos y el bienestar de las personas. Aún estamos a tiempo: actuemos con planificación, eficiencia y transparencia.
Por: Alberto López Tom
Presidente
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE)
