El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, sostuvo una reunión con diputados de la Asamblea Nacional y miembros de la Comisión de Economía y Finanzas para profundizar en el proyecto de ley que modifica la Ley 93 del 19 de septiembre de 2019, que crea el Régimen de Asociación Público-Privada (APP), según informó una fuente oficial.
El encuentro se realizó en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas, tras la presentación de la iniciativa que el ministro hizo en el pleno legislativo el 17 de septiembre.
De acuerdo con la Presidencia, el proyecto busca impulsar obras que fomenten la inversión privada, el bienestar social y la creación de empleos. Orillac, acompañado por Ana Julia Carreira, jefa de la Secretaría Nacional de Asociaciones Público-Privadas (SNAPP), y su equipo técnico, aclaró que no se trata de una modificación radical, sino de un esfuerzo por modernizar este modelo de contratación e integrar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y a la Caja del Seguro Social (CSS) en el mejoramiento de las estructuras públicas.
“Obviamente, eso es parte de lo que queremos dejar muy claro en esta propuesta, tal como lo dije el día que la presenté en el pleno de la AN durante mi exposición de motivos: no tiene absolutamente nada que ver con una privatización”, subrayó el ministro.
Explicó que el Régimen APP permite desarrollar todo tipo de proyectos, con la excepción de lo que ahora se propone: infraestructuras relacionadas con agua, plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de acueductos y líneas de conducción. Según dijo, esto no implica confundir la comercialización y la distribución, que deben seguir en manos del Estado y del IDAAN bajo un esquema subsidiado.
Orillac destacó además los ajustes introducidos para agilizar los procesos y acortar los plazos. Indicó que ya están en ejecución los proyectos viales de la Panamericana del Este y la del Oeste. Según el ministro, la primera demoró alrededor de 48 meses desde su inicio hasta la adjudicación, lo que calificó de “absurdo” y atribuyó a la administración pasada y a la forma en que se concibieron la ley y su reglamentación. En la segunda, afirmó, los tiempos bajaron a unos 18 meses, una reducción de casi 60% frente a la primera APP.
El ministro también se refirió a la prioridad que el Gobierno otorga al mantenimiento de las obras dentro de los contratos, ante la falta de mantenimiento preventivo que, según dijo, ha persistido en el país. Planteó que estos proyectos están concebidos para durar 15, 20 o más años y que una de las modificaciones permite extender los plazos más allá de la fase de construcción. “Si no se les da mantenimiento, en cinco años prácticamente debemos volver a construirlas porque las condiciones se han perdido”, afirmó.
Durante la reunión, Carreira detalló que el proyecto contempla la mejora de 13 artículos vigentes y la incorporación de 6 nuevos, tomando como referencia mejores prácticas internacionales. La jefa de la SNAPP destacó el impacto que el impulso de las APP representa para la economía, la inversión y el empleo, y su aporte para que el Estado cierre brechas de infraestructura pública, en especial en salud y suministro de agua potable.
El ministerio indicó que los diputados plantearon preguntas e inquietudes sobre la norma, que fueron atendidas por Orillac y el equipo de la SNAPP, y que valoraron las explicaciones y exhortaron al Gobierno a seguir gestionando mecanismos que respondan a las necesidades de la población.
El primer vicepresidente de la Asamblea, Manuel Cohen, afirmó que con la reunión “se evitan discusiones estériles” y que es importante divulgar lo que se está haciendo, porque la población necesita obras y soluciones. Agregó que los diputados pueden ser una fuente de información sobre necesidades reales, como el agua o los servicios de salud.
