--°C
Cargando...
Ciudad

Conozca los retos que la nueva Ley de Sustancia Económica implica para las empresas multinacionales, según KPMG

En mayo de 2026, Panamá promulgó la Ley N°526, que establece reglas de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera. Con la publicación de su reglamentación, se precisan los elementos que deberán considerar las entidades sujetas a estas reglas para cumplir con sus disposiciones.

La normativa aplica a entidades de grupos multinacionales constituidas o domiciliadas en Panamá que obtengan rentas pasivas de fuente extranjera, entre ellas dividendos, intereses, ingresos provenientes de bienes inmuebles, otros ingresos de capital, ganancias de capital y regalías.

De acuerdo con KPMG Panamá, esta etapa de implementación pone atención en la capacidad de las entidades para demostrar que las actividades, decisiones y recursos vinculados a la generación de estas rentas son consistentes con los requisitos establecidos en la normativa.

“Más que una revisión documental, será necesario que exista correspondencia entre las decisiones, los recursos y las actividades que desarrolla cada entidad en el país. Las organizaciones que inicien oportunamente este análisis contarán con mayor tiempo para evaluar sus estructuras operativas y la documentación necesaria para sustentar el cumplimiento de estos requisitos”, destacó Jaime Carrizo, Socio de Servicios Tributarios de KPMG Panamá.

La reglamentación precisa cómo las entidades deberán demostrar que cuentan con una actividad económica en Panamá. Para ello, desarrolla criterios relacionados con los recursos humanos, las instalaciones, las decisiones estratégicas, los riesgos asumidos, los costos y gastos asociados a sus actividades, así como determinadas condiciones aplicables a la tercerización.

¿A quiénes aplica?

Las reglas alcanzan a entidades que forman parte de grupos multinacionales y que cumplen con las condiciones establecidas en la normativa. La definición de entidad incluye sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades, fideicomisos y fundaciones de interés privado. Las personas naturales no están incluidas.

Por su parte, un grupo multinacional está conformado por dos o más entidades vinculadas por propiedad o control, con residencia fiscal en diferentes jurisdicciones.

Las decisiones estratégicas adquieren mayor relevancia

Uno de los elementos centrales será demostrar dónde se toman las decisiones relacionadas con la dirección y administración de la entidad, la gestión de sus activos, la asunción de riesgos y las actividades que generan las rentas pasivas.

La reglamentación contempla que el órgano encargado de la dirección, administración o supervisión tenga un papel activo y establece, entre otros aspectos, la realización de al menos dos reuniones físicas en Panamá durante el año fiscal, con evidencia de las decisiones estratégicas adoptadas.

La tercerización forma parte del marco reglamentario

Las entidades podrán apoyarse en terceros para determinadas actividades, siempre que existan mecanismos de supervisión y control, así como documentación que permita demostrar que los servicios se realizan en Panamá.

Este aspecto adquiere relevancia para aquellas entidades que utilizan proveedores externos como parte de su operación, ya que deberán contar con evidencia suficiente sobre las actividades realizadas y los recursos involucrados.

Preparación hacia 2027

Las nuevas reglas comenzarán a aplicarse a partir del período fiscal 2027. De cara a esta fecha, las entidades alcanzadas deberán evaluar si sus estructuras, recursos, procesos de toma de decisiones y documentación están alineados con los requisitos previstos en la normativa, así como identificar oportunamente posibles ajustes en materia de gobierno corporativo, supervisión, tercerización y soporte documental.

Para KPMG Panamá, la reglamentación aporta mayor claridad sobre la aplicación práctica de las reglas de sustancia económica y brinda a las organizaciones un marco más definido para evaluar su nivel de preparación antes de su entrada en vigor. Asimismo, contribuye a fortalecer el entorno regulatorio que respalda la competitividad de Panamá como centro de negocios internacionales.

[contenido_relacionado]