Por: Unidad Investigativa
Economía Panamá
Lo que comenzó como una ambiciosa promesa de inversión extranjera por más de $100 millones terminó convertido en uno de los presuntos esquemas de estafa agravada, fraude financiero y quiebra fraudulenta más graves vinculados al sector hotelero y turístico panameño en la última década.
Hoy, ese entramado se ventila en los tribunales panameños, con ciudadanos estadounidenses y panameños sentados en el banquillo de los acusados, y con un daño económico que, según una auditoría forense del Ministerio Público, supera los $49 millones.
La audiencia clave: Noviembre bajo la lupa judicial
Los días 19 y 20 de noviembre, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales celebró audiencia ordinaria dentro del proceso penal seguido contra los ciudadanos estadounidenses Howard Rodríguez, Frank Magliato (reo rebelde) y Dr. Gregory Kay, así como contra los panameños Antonio Bonilla Ruiz, Cristóbal Valencia y Ricardo Bonilla Tencio (reo rebelde).
El proceso, identificado como causa penal No. 77318, investiga la presunta comisión de los delitos contra el patrimonio económico, estafa agravada y otros fraudes, en perjuicio del empresario Rugiere Gálvez Marcucci, propietario de un conglomerado hotelero en la provincia de Coclé.
La jueza a cargo, dejó pendiente el fallo final hasta resolver un incidente de daños, pese a que ya constan en el expediente peritajes financieros, evidencias documentales y bienes cautelados.
El origen del engaño: un fondo que nunca existió
En 2014, la empresa Panamá Opportunity Partners, LLC, presentada como un vehículo de inversión estadounidense, declaró ante reguladores, bancos y la Bolsa de Valores de Panamá (BVP) la supuesta existencia de un fondo de inversión por $100 millones.
Con el respaldo de una firma de abogados local, que actuaba como agente residente de múltiples sociedades vinculadas, el grupo logró abrir cuentas bancarias y estructurar operaciones financieras complejas. Sin embargo, la investigación posterior revelaría que aparentemente el capital nunca existió.
Empresas como Nabali Investments Corp. y Guardian Finance Group, señaladas como subsidiarias o entidades relacionadas, carecían de respaldo económico real, pero aun así lograron acceder al control accionario del grupo hotelero.
Empresas pantalla y control sin pago
Según consta en el expediente judicial, mediante esquemas contractuales y estructuras societarias opacas, estas empresas asumieron el control de los hoteles sin cumplir los compromisos financieros pactados, entre ellos:
• Bonos emitidos en el mercado de valores
• Valores Comerciales Negociables (VCN)
• Obligaciones bancarias
Lejos de inyectar capital, los nuevos administradores presuntamente vaciaron las cuentas, descapitalizado las empresas y manipulando informes contables, sin contar con idoneidad profesional registrada.
Quiebra fraudulenta anulada por la CSJ
En 2015, el conglomerado hotelero fue llevado a un proceso de quiebra, sustentado en informes financieros que luego serían cuestionados. Tres años después, en 2018, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló dicha quiebra, calificándola como fraudulenta.
Para entonces, el daño ya estaba hecho:
• Despidos masivos
• Demandas laborales
• Incumplimientos bancarios
• Proyectos abandonados
• Deterioro grave de activos turísticos
El impacto humano y económico
Más allá de las cifras, el golpe fue profundamente personal. Las garantías otorgadas por Rugiere Gálvez fueron ejecutadas, su reputación empresarial erosionada y proyectos que dinamizaban la economía de Coclé quedaron en estado de abandono deplorable.
El daño trascendió al empresario afectado, alcanzando a:
- Trabajadores
- Proveedores
- Otros inversionistas
- El turismo de playa panameño
La “gran sorpresa”: Una demanda en Miami
Durante el juicio, surgió un elemento inesperado. El abogado defensor de Howard Rodríguez presentó como prueba una demanda civil interpuesta en Miami-Dade County, Florida.
En dicha acción judicial, Rodríguez, junto con sus entidades Panama Opportunity Partners LLC, Guardian Finance Group y Nabali Investment Corp., demanda a Gregory Louis Kay, Frank Magliato y Antonio Bonilla.
La demanda sostiene que Rodríguez fue inducido a abrir una cuenta bancaria a nombre de Nabali Investment Corp., gestionada por la misma firma de abogados que creó la sociedad y designó una junta directiva compuesta por sus propios empleados.
Transferencias millonarias y proyecto minero fallido
Según el documento judicial presentado:
- Rodríguez transfirió $18 millones desde un banco en Nueva York (dos transferencias: $3 millones y $15 millones, respectivamente).
- Los fondos fueron presuntamente malversados mediante operaciones no autorizadas.
- Se le indujo a invertir en un proyecto minero, Vera Gold Mining Co., usando certificados de depósito como colateral
- Tras el fracaso del proyecto minero, surgió la operación para adquirir RG Hotels, presentada como una vía para “recuperar” la inversión perdida.
Secuestro ejecutivo y adquisición a precio de remate
El expediente detalla que, al día siguiente de asumir el control del hotel, se presentó un secuestro ejecutivo sin notificación al demandado, con el presunto objetivo de:
- Devaluar artificialmente los activos
- Adquirir posteriormente, con descuento, los bonos y VCN emitidos por RG Hotels Inc. en la BVP.
Una maniobra que hoy está bajo escrutinio judicial.
Un caso abierto y un país expectante
El proceso sigue en curso. Existen medidas cautelares personales y reales, así como solicitudes de asistencia judicial internacional para notificar a los imputados extranjeros.
Mientras la sentencia se hace esperar, una pregunta flota en el ambiente:
¿Quiénes actuaron por acción, omisión o silencio para permitir que esta presunta farsa se consumara?
La respuesta podría sacudir no solo a los acusados, sino también a quienes —desde el sistema financiero, legal o mediático— miraron hacia otro lado.
