La Asamblea Nacional aprobó esta semana, en tercer debate y por unanimidad, el Proyecto de Ley 341, que reforma el régimen de intereses preferenciales para préstamos hipotecarios. La medida, presentada por el presidente del Legislativo, Jorge Herrera, llega en un momento clave: la construcción, uno de los motores históricos de la economía panameña, se encuentra en una desaceleración que amenaza el empleo, la recaudación y el acceso a la vivienda.
Los números hablan por sí solos. En 2024, la inversión en obras se redujo en más de 260 millones de balboas frente al año anterior, una contracción del 20% que golpeó directamente al Producto Interno Bruto y a la generación de empleos formales. El retroceso no solo refleja la pérdida de dinamismo en el sector, sino también la urgencia de políticas que apunten a devolverle vitalidad a una industria que durante décadas ha funcionado como termómetro de la salud económica del país.
El nuevo marco legal modifica la Ley 468 de 2025 —que subrogó la Ley 3 de 1985— y establece un esquema más amplio y prolongado de subsidios. Entre sus principales disposiciones, fija una tasa máxima subsidiada de 4%, con una vigencia de siete años (84 meses) para préstamos destinados a viviendas nuevas cuyo valor esté entre B/.80,000.01 y B/.120,000.00. El beneficio no será renovable, lo que busca evitar distorsiones de largo plazo. Además, introduce tramos diferenciados según la ubicación geográfica: la Región 1, que comprende Panamá y Panamá Oeste, y la Región 2, que incluye Colón y el resto del país.
Para Herrera, el espíritu de la ley es claro: modernizar y optimizar el régimen de subsidios de manera que se garantice un acceso más equitativo y sostenible a la vivienda. “Es indispensable dinamizar el sector construcción, que históricamente ha sido un pilar del crecimiento económico y la generación de empleos en Panamá”, afirmó el diputado, acompañado del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y del ministro de Vivienda, Jaime Jované.
El gremio de la construcción, sin embargo, no se limitó a aplaudir. La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) calificó la aprobación del proyecto como “un avance trascendental” para el país y destacó que permitirá reactivar la generación de empleo en la industria, estimular la inversión privada y brindar mayores oportunidades a miles de familias. La organización valoró especialmente la extensión del subsidio de cinco a siete años y la inclusión de cooperativas y entidades no bancarias como agentes financieros, lo que amplía las opciones para los beneficiarios. Capac también subrayó la importancia de que la ley elimine su fecha de caducidad, al enviar un mensaje de estabilidad normativa y confianza tanto a ciudadanos como a inversionistas.
La apuesta de Panamá por subsidiar la demanda no es aislada. Países de la región como Colombia y México han implementado programas de apoyo a la vivienda que combinan beneficios fiscales con incentivos directos a compradores de ingresos medios, con resultados mixtos: mientras en algunos casos lograron reactivar la industria, en otros los subsidios contribuyeron a inflar los precios del mercado. El reto para Panamá, según economistas consultados, será equilibrar el alivio a las familias con la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Más allá de la técnica legislativa, el Proyecto 341 refleja una estrategia política y económica: ofrecer un respiro a una clase media golpeada por la desaceleración y, al mismo tiempo, enviar una señal de confianza a promotores e inversionistas. Para el Estado, los beneficios van más allá de la estadística: mayor recaudación municipal, dinamismo en las micro y pequeñas empresas vinculadas a la cadena de valor, y una respuesta parcial al déficit habitacional que arrastra el país desde hace décadas.
La verdadera prueba estará en su implementación. La ampliación de los subsidios puede traducirse en un impulso temporal al mercado, pero el desafío de fondo —planificación urbana, equidad territorial y control de costos— seguirá latente. La ley, celebrada por la Asamblea y respaldada por los gremios, abre una ventana de oportunidad. Si Panamá logra capitalizarla, podría reactivar no solo a la construcción, sino también la confianza en su capacidad de generar crecimiento inclusivo.
