El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió a la reciente toma de los puertos de Balboa y Cristóbal por parte del Estado panameño, debido a la cancelación de la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC) por un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), advirtiendo que las empresas que han arrendado esas facilidades tendrán que pagar los impuestos correspondientes al fisco.
El mandatario advirtió que los arrendadores de bienes que estaban amparados en esa concesión, que ya no existe, han quedado sin contratos, y tendrán que negociar una nueva realidad con los operadores transitorios y, eventualmente, con el operador definitivo que obtenga las próximas licitaciones.
Resaltó que, bajo el anterior esquema de concesión, ninguno de esos arrendatarios pagaba un dólar de impuestos al Estado, aun siendo Panamá accionista en PPC.
«Eso se acabó. Todos tienen que pagar impuestos, incluyendo los operadores transitorios. Nadie va a estar exento», sostuvo Mulino.
