La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) expresó, mediante un comunicado, su preocupación por los posibles efectos del Proyecto de Ley N°388, relacionado con el reconocimiento administrativo de la prescripción de deudas.
“Más allá de su dudosa constitucionalidad, esta iniciativa podría tener implicaciones importantes para el acceso al crédito de personas, familias y empresas en el país. En Panamá, el sistema de crédito se sostiene en la confianza y en el compromiso de la gran mayoría de los clientes bancarios con el cumplimiento de sus obligaciones. Gracias a esa cultura de pago responsable, la morosidad se mantiene en niveles estables y el crédito continúa siendo una herramienta fundamental para que miles de familias puedan adquirir una vivienda, emprender un negocio o enfrentar momentos importantes de su vida”, señaló el comunicado del gremio empresarial.
El documento explica que cuando una persona atraviesa dificultades económicas inesperadas —como la pérdida de empleo o una caída en sus ingresos— suele acercarse a su banco para buscar soluciones, reestructurar su préstamo y seguir cumpliendo con su compromiso. Ese esfuerzo refleja los valores de responsabilidad que han contribuido a la estabilidad del sistema financiero panameño.
“Algunas disposiciones del proyecto podrían generar un incentivo equivocado, propiciando que algunos deudores opten por esquivar sus compromisos hasta que su deuda prescriba, aprovechándose de la eliminación de toda referencia negativa en su historial de crédito como propone el proyecto de ley. En contraste, aquellos que, con esfuerzo y sacrificio, enfrentan la restructuración y pago de sus deudas, sí verán sus dificultades crediticias temporales reflejadas en su historial de crédito, lo que podría enviar una señal injusta para quienes actúan con responsabilidad y debilitar las condiciones que hoy promueven la cultura de pago en Panamá”, agrega.
De acuerdo con la ABP, “el proyecto introduce una nueva e inadecuada ruta administrativa para la prescripción de deudas ante el banco, la Superintendencia de Bancos y eventualmente la Corte Suprema, mientras el proceso judicial tradicional seguiría vigente. Esta duplicidad podría generar mayor complejidad, costos e incertidumbre”.
Igualmente advierte que “cuando aumentan los riesgos en el sistema de crédito, las condiciones para otorgar préstamos suelen volverse más estrictas. Esto puede traducirse en créditos más costosos, o más difíciles de obtener, afectando especialmente a familias, emprendedores y pequeñas empresas que dependen del financiamiento para avanzar y construir oportunidades”.
Además, la ABP reafirmó su compromiso con el acceso al crédito responsable para todos los panameños, la estabilidad del sistema financiero, y reitera su disposición al diálogo técnico para fortalecer la protección del consumidor y la seguridad jurídica.
