La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) solicitó formalmente, mediante una carta dirigida al presidente de la República, José Raúl Mulino, vetar el Proyecto de Ley N°226 y devolverlo a la Asamblea Nacional para una revisión técnica, económica y jurídica, acompañada de una consulta amplia.
APEDE reconoció que la atención de los jubilados, pensionados y adultos mayores debe ser una prioridad nacional, especialmente para quienes enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades esenciales debido al incremento del costo de vida, los gastos de salud y la insuficiencia de algunos ingresos de jubilación.
“Quienes dedicaron décadas de trabajo al desarrollo de Panamá merecen vivir esta etapa con dignidad, seguridad y acceso efectivo a los bienes y servicios que necesitan. Nuestro llamado busca que los beneficios dirigidos a esta población sean justos, sostenibles y prioricen a quienes se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad”, afirmó Alberto López Tom, presidente de APEDE.
La Asociación advirtió que el proyecto, que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 16 de junio de 1987, amplía descuentos obligatorios en diversas actividades económicas, cuyo costo recaería principalmente sobre las empresas y los prestadores de servicios.
Según APEDE, una medida de esta naturaleza requiere un análisis integral que determine cómo se financiarán los beneficios y quién asumirá efectivamente su costo. Dependiendo de cada actividad, este podría ser absorbido por las empresas, trasladado a los precios o distribuido entre los consumidores.
