El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentará a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 30-26, una iniciativa destinada a actualizar el Código Fiscal y regular la tributación de la economía digital en el territorio panameño.
La propuesta fue avalada a través del Consejo de Gabinete. La misma busca adecuar las reglas de territorialidad, determinación y recaudación del Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y Servicios (ITBMS) frente a las nuevas modalidades de producción, comercialización e intermediación que operan mediante plataformas y aplicaciones tecnológicas.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el proyecto no establece una nueva categoría tributaria ni incrementa las tasas existentes, sino que precisa la aplicación del ITBMS del 7% sobre las operaciones de comercio electrónico y plataformas de intermediación que son consumidas dentro del país.
Al respecto, el ministro detalló que existe una asimetría cuando un consumidor adquiere un artículo en el mercado interno frente a cuando lo importa mediante un proveedor internacional en línea debido a la falta de claridad en la legislación vigente.
«Cada vez que un producto idéntico que se compra en la República de Panamá, en un establecimiento comercial, paga ITBMS, si el mismo producto es comprado en una plataforma comercial fuera del país e importado, no paga ese ITBMS, producto de que hay un vacío legal que no está claramente definido. Lo que esto persigue entonces es nivelar el piso o la cancha de forma tal que quien está en Panamá que está pagando o el comprador que paga el ITBMS, igualmente lo pague quien recibe el mismo producto en Panamá», manifestó Chapman.
Para su ejecución, el documenta incorpora criterios objetivos para identificar cuándo los bienes o servicios digitales son utilizados, consumidos o aprovechados en el territorio nacional, considerando elementos tales como la ubicación de la cuenta bancaria o instrumento de pago utilizado, la dirección de facturación, la dirección de protocolo de internet, el código de país de la tarjeta SIM y demás indicadores vinculados con la localización del usuario.
Además, el ministro enfatizó que este ajuste normativo abarcará a la totalidad de los bienes y servicios de consumo interno, extendiéndose a modelos de negocio de alojamiento turístico que hasta ahora no tributaban en igualdad de condiciones frente a la industria hotelera tradicional.
«Esto aplicará también, por ejemplo, para demás transacciones que en todos los países del mundo son gravadas con el impuesto, en nuestro caso en Panamá, en el ITBMS, para productos y servicios consumidos dentro del territorio panameño. Esto va a incluir también a las actividades de propiedades vacacionales, los famosos conocidos como los Airbnbs, que en el caso de los hoteles pagan una tasa. Más esas propiedades que se intermedian a través de estas plataformas se está también cerrando ese vacío legal, de forma tal que también se les aplique una tasa ya existente», sostuvo el titular del MEF.
La recaudación que generará el cierre de estos vacíos legales cumplirá además con una función técnica de orden constitucional. Según el Ejecutivo, utilizará estos ingresos como la «renta sustituta» exigida por el artículo 276 de la Constitución de la República de Panamá para compensar la reducción de costos y las exenciones fiscales contempladas en la reforma al Impuesto de Bienes Inmuebles (ITBI), la cual inicia su debate legislativo en el parlamento.
«La propuesta que modifica el artículo 4 de la Ley 106 de 1974, relacionado con el Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI), inicia el primer debate que permite a las familias panameñas, sobre todo las de menores ingresos, poder acceder o cumplir su sueño de comprar una vivienda al ampliar la cantidad de personas que puedan calificar para una hipoteca, reduciendo el costo transaccional de dicha compraventa de viviendas. Lo cual nos lleva al artículo 276 de la Constitución de la República, que exige que exenciones o cambios se tenga que crear lo que se conoce como una renta sustituta», añadió el ministro.
El texto oficial de la iniciativa incluye salvaguardas normativas para no interferir con las actividades del sector financiero tradicional, las cuales responden a un marco regulatorio especial.
Con el inicio de las discusiones en las comisiones de la Asamblea Nacional, el Gobierno busca adaptar la legislación panameña a los estándares de la economía digital global, proteger la base tributaria del Estado y viabilizar el acceso a viviendas de interés social mediante la compensación de ingresos fiscales.
«Importante recalcar, no se crea un impuesto, simplemente lo que se está haciendo es que se está aclarando legalmente para nivelar el campo y que quede claramente establecido que aplica a todas las transacciones de venta y compra de bienes y productos en el territorio nacional. Dicho esto, entonces, aplanando el campo sin crear nuevos impuestos se cumple con la Constitución de la República en el artículo 276, cuyo objetivo principal es que más panameños logren su sueño de adquirir una vivienda», sostuvo Chapman.
Con esta medida, el Gobierno panameño prevé nivelar la competencia entre las empresas locales y las plataformas transnacionales, además de fortalecer la recaudación estatal y reducir la erosión de la base tributaria en el entorno digital.
