La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) impuso 20 sanciones en primera instancia por un monto total de $20,970.00 a comercios que incumplieron los beneficios establecidos en la Ley 6 de 16 de junio de 1987, a favor de jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.
Las sanciones corresponden al período entre enero y junio de 2026, según cifras del Departamento de Investigación de la Acodeco.
Las infracciones por tasas de interés concentraron el mayor monto, con ocho sanciones por $15,800.00 (75.3% del total sancionado). Además, se aplicaron cinco sanciones por no mantener los letreros informativos obligatorios ($990.00), tres por incumplir el descuento del 15% en comidas rápidas ($715.00), una por irregularidades en préstamos personales y comerciales ($2,800.00), una por incumplimiento de descuentos en farmacias ($315.00), una por no aplicar el descuento del 25% en restaurantes ($225.00) y una por no otorgar el descuento correspondiente ($125.00).
La irregularidad más reportada fue la aplicación indebida de tasas de interés, con 82 casos (32.4% del total). Le siguieron el incumplimiento del descuento del 25% en restaurantes (52 casos), la no aplicación del descuento correspondiente (45 casos) y la falta de letreros informativos obligatorios (28 casos).
Otras denuncias incluyeron: transporte aéreo (12), préstamos personales y comerciales (10), comidas rápidas de franquicias (7), hospitales y clínicas privadas (4), energía eléctrica (3), actividades recreativas (2), farmacias (2), transporte público (2), servicios técnicos y profesionales (1), servicios médicos (1), consumo de agua (1) y filas preferenciales (1).
La Ley 6 de 1987 otorga a jubilados, pensionados y adultos mayores descuentos en restaurantes, comidas rápidas, hoteles, transporte, recreación, servicios médicos, medicamentos e intereses preferenciales, además de atención preferencial y señalización obligatoria sobre estos derechos.
La Acodeco instó a los comercios a cumplir la normativa y a los consumidores a denunciar cualquier irregularidad ante sus oficinas a nivel nacional o canales de atención.
