El ancla desciende con naturalidad, como parte de una maniobra habitual. La tripulación apenas percibe el impacto cuando toca el fondo. Bajo la superficie, sin embargo, ese gesto aparentemente rutinario puede convertirse en un riesgo.
A pocos metros de profundidad, sobre el lecho marino panameño, descansan fibras ópticas que no se ven desde la cubierta de un buque, ni aparecen en los mapas turísticos, pero por las cuales circula entre el 95 % y 99 % del tráfico internacional de datos.
Según datos de TeleGeography actualizados a febrero de 2025, existen alrededor de 570 sistemas de cables submarinos activos en todo el mundo, con al menos 81 más en construcción o planificación. En conjunto, estos sistemas superan 1,4 millones de kilómetros de longitud bajo los océanos, una red invisible que, sumada, podría rodear la Tierra casi 35 veces.
Panamá, además, gestiona el 100% del tráfico regional de internet, el 97% del tráfico telefónico internacional y el 90% de la transmisión de datos, de acuerdo con la Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de las Exportaciones de Panamá (ProPanamá).
Nueve de esos cables recorren aguas jurisdiccionales de la República de Panamá. Y en ese punto donde la tecnología toca el mar, comienza también la acción del Estado, particularmente la de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Un hilo de luz bajo el océano
Aunque su nombre evoca una simple línea tendida sobre el fondo del mar, la tecnología que sostiene la conectividad global es mucho más sofisticada. Los cables submarinos están formados por filamentos de vidrio extremadamente delgados— capaces de transmitir información en forma de pulsos de luz casi inmediatamente.
En su interior viajan señales que transportan datos digitales: desde correos electrónicos y llamadas telefónicas hasta transmisiones de video, operaciones financieras y tráfico de internet. Cada fibra óptica actúa como una autopista microscópica por la que se desplazan millones de datos por segundo entre continentes.
Para resistir las condiciones del entorno, estas fibras se encuentran protegidas por varias capas de aislamiento: recubrimientos plásticos, blindaje de acero y materiales diseñados para soportar presión, corrosión y actividad marítima. En las zonas cercanas a la costa, donde el riesgo de daño es mayor por causa de anclas o artes de pesca, el cable suele enterrarse bajo el lecho marino.
A lo largo de miles de kilómetros, pequeños dispositivos llamados repetidores refuerzan la señal luminosa para evitar que se debilite durante su recorrido. Gracias a esta tecnología, un mensaje enviado desde un teléfono móvil puede atravesar océanos enteros en fracciones de segundo.
Invisible para la mayoría de las personas, esta red de fibras ópticas constituye hoy la columna vertebral de la conectividad mundial, por donde circula el mundo digital.
Infraestructura invisible, responsabilidad visible
La instalación de un cable submarino exige estudios técnicos, evaluaciones ambientales y coordinación entre múltiples entidades públicas. Pero antes de que la infraestructura repose sobre el fondo marino, debe existir un acto formal: la concesión administrativa.
En Panamá, el Consejo de Gabinete es la instancia que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para suscribir los contratos de concesión para instalar y operar cables submarinos. Una vez otorgada esa autorización, el MEF formaliza el contrato y la actividad queda sujeta al marco jurídico vigente.
Actualmente existen nueve contratos de concesión para operar y mantener cables submarinos en aguas territoriales panameñas. Históricamente, el país operaba con siete cables, pero en octubre de 2025 el Consejo de Gabinete autorizó la adjudicación de dos nuevos proyectos para fortalecer su posición como centro digital regional. Cada uno representa una inversión, una obligación y una relación jurídica con el Estado.
La AMP interviene desde sus competencias para ordenar las actividades que se desarrollan dentro de las zonas donde estos cables están instalados. Su función implica velar por la seguridad de la navegación, la protección de la infraestructura y el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales que rigen los espacios marítimos.
“El trámite inicia a través de la Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado del MEF, desde donde recibimos la solicitud del criterio de no objeción. La AMP realiza un análisis para verificar la ruta de los cables submarinos, su punto de aterrizaje en tierra y que no afecten los sistemas de ayudas a la navegación, proyectos futuros o instalaciones portuarias”, explicó Anagrace Núñez, subjefa de Operaciones Portuarias de la AMP.
Una vez firmado el contrato, comienza el proceso de la instalación de los cables submarinos y la AMP monitorea la operación de los buques especializados. Cuando ya cumple toda la etapa de colocación, se realiza la actualización de las cartas náuticas y se mantiene una vigilancia constante para evitar accidentes. Desde el punto de vista operativo, debido a la lentitud del proceso, se les hace un aviso a los navegantes y se delimitan las áreas de operaciones.
En materia administrativa, los buques especializados que se encargan de la instalación deben contactar a un agente naviero que los represente en Panamá, el cual tendrá que tramitar una licencia de navegación comercial a través de la Dirección General de Marina Mercante (DGMM) de la AMP.
Cuando el riesgo se convierte en cifra
El riesgo de daño no es hipotético. Entre 2008 y 2019 se registraron incidentes en aguas panameñas que provocaron daños económicos superiores a $11 millones. En algunos casos, los cables fueron arrastrados por anclas; en otros, se produjeron cortes a escasa distancia de la costa.
Cada incidente representa un impacto financiero significativo, pero también una amenaza potencial para la continuidad de las telecomunicaciones internacionales que se sustentan sobre esa infraestructura. En un mundo que depende de la conectividad para fundamentar su economía digital, una interrupción puede trascender fronteras.
Ante esa realidad, la AMP impulsó la delimitación de una zona de protección en el Océano Pacífico. El polígono establecido abarca 18.286 kilómetros cuadrados, con profundidades que oscilan entre 4,5 y 18,7 metros. Allí se regulan las actividades permitidas, se establecen prohibiciones específicas y se define un régimen sancionatorio para quienes incumplan las disposiciones.
La decisión de no instalar boyas físicas para señalizar la zona respondió a criterios técnicos basados en estándares internacionales de ayudas a la navegación. En su lugar, la carta náutica actualizada y la coordinación permanente constituyen los principales instrumentos de prevención.
Panamá: puente digital
El fundamento jurídico de la regulación relevante sobre este tema, se encuentra en la Constitución Política de la República de Panamá, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y diversas leyes nacionales que facultan a la AMP a reglamentar zonas de protección en aguas jurisdiccionales. El derecho internacional reconoce expresamente que los Estados ribereños pueden dictar normas para proteger cables submarinos y salvaguardar la seguridad de la navegación.
La iniciativa también se enmarca en la estrategia “Panamá Hub Digital”, orientada a fortalecer la conectividad regional y atraer nuevas inversiones en infraestructura tecnológica. La existencia de una zona protegida, con reglas claras y seguridad jurídica, se convierte en un elemento de confianza para potenciales operadores que evalúan al país como punto de interconexión.
El ingeniero Adolfo Fábrega, administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), explicó que en foros internacionales Panamá suele posicionarse como un punto estratégico gracias a su red comunicacional y a la presencia de cables submarinos, lo que fortalece su imagen como un país competitivo en materia digital.
“Contar con cables más potentes y con mayor capacidad nos permite tener anchos de banda más altos. Esto es fundamental para atraer inversiones en centros de datos en Panamá, ya que no solo genera empleos durante su construcción, sino también en su operación. Para este tipo de infraestructura es indispensable una buena conectividad, y los cables submarinos garantizan el ancho de banda necesario para que los datos puedan compartirse con el resto del mundo”, explicó Fábrega.
La instalación de cables submarinos impulsa la economía del país. Una mayor capacidad de enlace atrae inversión extranjera —especialmente en centros de datos y empresas tecnológicas— que ven en Panamá un entorno digital competitivo, lo que se traduce en nuevas oportunidades de empleo. Panamá ha sido históricamente un puente de mercancías y tránsito marítimo. Hoy también es un corredor de datos. Bajo la superficie del mar se desplazan flujos digitales que sostienen mercados, instituciones y comunicaciones planetarias.
Proteger esos cables no es solo una medida preventiva. Es reconocer que, en la era digital, la soberanía también se ejerce sobre aquello que no se ve.
Por: Einar Valdes
