Durante varios años discutimos cómo llegar a la sustancia económica. Tal vez ahora sería bueno preguntarnos qué hacer con ella.
Panamá sin duda acaba de alcanzar un hito. Sin embargo, la pregunta más interesante no es tanto cuánto se avanzó, sino qué viene ahora.
¿Estamos frente al cierre de un capítulo meramente regulatorio o el inicio de una nueva etapa?
Hasta ahora, la discusión se ha concentrado en estándares internacionales, transparencia y reputación financiera. Son temas importantes. Pero la verdadera trascendencia de la sustancia económica podría encontrarse en otro lugar.
En esencia, sustancia introduce una idea sencilla: los beneficios deben estar respaldados por actividad económica real y resultados verificables.
Una vez aceptado ese principio, surge una pregunta inevitable. ¿Por extensión no debería aplicarse esa misma lógica a otras áreas de la política económica como a los incentivos fiscales por ejemplo?
Durante décadas, Panamá ha desarrollado una amplia red de exoneraciones, créditos fiscales y regímenes especiales. Muchos han contribuido a atraer inversión y apoyar sectores estratégicos. Han formado parte de distintas etapas del desarrollo nacional.
Sin embargo, el contexto actual invita a una reflexión distinta.
Los recursos públicos son limitados. También lo es la capacidad del Estado para incentivar actividades económicas. No es posible impulsar simultáneamente todos los sectores y objetivos con la misma intensidad.
Cada incentivo implica una decisión de priorización. Cuando se favorece una actividad, inevitablemente se deja de favorecer otra.
La pregunta deja entonces de ser cuántos incentivos otorgamos y pasa a ser mucho más relevante: ¿Qué estamos tratando de transformar mediante ellos?
La innovación y la tecnología, el aumento de la productividad, la sostenibilidad ambiental, la inclusión económica y social, y la sostenibilidad fiscal aparecen hoy como prioridades naturales dentro de esa agenda.
En Panamá, la pregunta adquiere una relevancia particular. El país cuenta con una posición geográfica privilegiada, conectividad logística global, una economía dolarizada y una reconocida plataforma internacional de servicios. Son ventajas competitivas que pocos países poseen.
Precisamente por ello, resulta razonable preguntarse cómo maximizar el retorno económico y social de los incentivos que se conceden.
Existe además una dimensión que suele recibir menos atención. Cuando se discuten incentivos fiscales, la conversación suele concentrarse en sus beneficios potenciales y mucho menos en sus costos.
Toda evaluación requiere observar ambos lados de la balanza. Existen costos fiscales directos, ingresos que el Estado deja de percibir, y costos económicos menos visibles, derivados de su influencia sobre decisiones de inversión, y la necesidad de adaptación de empresas a nuevas condiciones económicas.
El verdadero desafío no consiste entonces en otorgar más o menos incentivos, sino en asegurarnos de que contribuyan a los objetivos que el país desea alcanzar. Al final, el desarrollo requiere medir, evaluar y corregir.
Por: Horacio Estribí
Economista y asesor en política pública, estrategia fiscal, competitividad y sector productivo
