En el inicio de las vistas presupuestarias para la vigencia fiscal 2026, varios ministerios y entidades del Estado defendieron sus asignaciones ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, en un ejercicio marcado por recortes, ajustes de transición institucional y demandas de continuidad en proyectos clave.
La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, sustentó un presupuesto de 151.3 millones de dólares, además de dos traslados de partidas por un total de 2.2 millones. Destacó que, más allá del funcionamiento administrativo, el ministerio debe garantizar la operación del Sistema Penitenciario, incluyendo la permanencia de custodios y el fortalecimiento del Instituto de Estudio Interdisciplinario. En materia de inversión, anunció que 14 millones de balboas se destinarán al Proyecto de Pueblos Indígenas, financiado con recursos externos.
Por su parte, la ministra de la Mujer, Niurka Palacio, defendió una asignación de 7.2 millones de dólares, cifra que calificó como insuficiente frente a la demanda en los 17 centros de atención a nivel nacional, que este año han recibido más de 3,000 nuevos usuarios y dado seguimiento a más de 13,000 casos. Palacio subrayó que todos los programas seguirán en operación pese al ajuste, e informó que avanza un convenio para la implementación de brazaletes electrónicos destinados a agresores. El Ministerio de Economía y Finanzas aclaró que se trata de un presupuesto de transición, dado que la entidad será reestructurada e integrada nuevamente al Ministerio de Desarrollo Social.
La Defensoría del Pueblo, dirigida por Eduardo Leblanc, sustentó un presupuesto de 7.2 millones de dólares. El ombudsman destacó que la institución ejerce “protección preventiva y proactiva” frente a actuaciones estatales y privadas, a través de advertencias y recomendaciones en defensa de los derechos ciudadanos.
En paralelo, el administrador de la Agencia Panamá Pacífico, Javier Suárez Pinzón, presentó un presupuesto de 6.2 millones de dólares para proyectos de infraestructura estratégica, incluyendo un sistema de distribución de agua potable previsto para 2027, la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales, mejoras en el boulevard principal del complejo y la instalación de un punto de control aduanero y logístico.
Finalmente, el administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, defendió una asignación de 28.5 millones de dólares. Destacó que la entidad ejecuta 20 proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, con compromisos futuros de hasta 32 millones. Entre las metas de 2026 mencionó la expansión de la Nube Gubernamental, la digitalización de trámites de Panamá Conecta y la creación de un software de monitoreo en ciberseguridad.
Las vistas, que continuarán en las próximas semanas, reflejan un escenario de presupuesto limitado frente a crecientes demandas sociales e institucionales, donde varias entidades deberán ajustar sus operaciones a recursos más estrechos o en transición.
