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Panamá iniciará conversaciones con Cobre Panamá para una reapertura controlada y segura de la mina

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenó el inicio inmediato de conversaciones formales con Minera Panamá para evaluar la reactivación de la mina de cobre de Donoso, siempre que, estén protegidos los intereses del país y existan beneficios reales para Panamá.

“He decidido ordenar el inicio de conversaciones formales con Minera Panamá para explorar la posibilidad de un acuerdo, cuyo objetivo principal es obtener los mayores beneficios para el país”, afirmó el mandatario en un mensaje a la nación.

El mandatario instruyó a un equipo interministerial liderado por el ministro de Comercio e industrias, Julio Moltó, que tendrá como eje rector buscar la reactivación de la actividad minera “solo si están protegidos los intereses de la patria y existen beneficios reales para Panamá”.

Mulino reconoció que el Estado panameño no tiene hoy las condiciones para realizar la operación, la explotación y el procesamiento de una mina de estas características. Sin embargo, sostuvo que eso no lo pone en desventaja, pues la creciente demanda mundial de cobre lo convierte en un recurso estratégico y fortalece la posición del país en las exigencias que se plantearán.

El presidente recordó que desde el inicio de su gestión dijo que el tema se abordaría en su momento y que no negociaría “con un arma en la cabeza”, en referencia a los arbitrajes internacionales. “Ese momento ya llegó”, afirmó. Explicó que, para tener una opinión formada, ordenó al Ministerio de Ambiente una auditoría integral a cargo de una firma independiente de primer nivel para conocer el estado real de la mina, verificar el cumplimiento de sus obligaciones y evaluar sus riesgos ambientales, y que junto con el equipo técnico se analizaron los aspectos jurídicos, económicos y sociales.

De acuerdo con Mulino, el análisis de la comisión planteó dos escenarios. El primero es mantener la mina cerrada, lo que reactivaría los arbitrajes y, en caso de perderlos, obligaría al país a pagar miles de millones de dólares que comprometerían las finanzas públicas durante décadas, además de dejar al Estado los riesgos ecológicos y los costos de mantener el sitio en condiciones seguras. El segundo es un plan de apertura que genere empleos y riqueza bajo estrictas exigencias ambientales y que elimine los arbitrajes, con el cierre ordenado y definitivo de la mina, a costo de la empresa, como parte principal de cualquier acuerdo.

“Este cierre definitivo no será negociable y tampoco tendrá opción a prórroga”, dijo.

Según el mandatario, debía escoger entre asumir el costo político para su gobierno o dejar que los panameños cargaran de nuevo con el costo económico de la decisión. “Nuevamente elijo lo correcto”, expresó, y fundamentó su postura en cinco preceptos irrenunciables: que los minerales del subsuelo pertenecen en su totalidad a Panamá; que el país debe obtener el máximo beneficio económico, perceptible en toda la nación; que la soberanía reside en el Estado y ninguna empresa puede decidir sobre el territorio, las aguas o el espacio aéreo; que la protección ambiental con los más altos estándares será una obligación verificable, con fiscalización independiente e información pública; y que se respetarán siempre la Constitución y las leyes.

Según detalló Mulino, los mayores ingresos posibles para el país y miles de empleos exclusivamente para panameños, además del control y registro abierto de todos los materiales extraídos y el uso responsable del agua. El plan de cierre deberá ser viable, verificable y definitivo, sin prórroga “en ninguna circunstancia”, e incluir reforestación, prevención de daños ambientales y la finalización de todos los procesos arbitrales contra Panamá.

Mulino sostuvo que el proceso debe conducirse con el rigor y el apego a la Constitución que, a su juicio, faltaron en el pasado y que derivaron en una figura jurídica declarada inconstitucional por la Corte Suprma de Justicia en 2023.

El presidente reiteró que se trata apenas del inicio de un proceso serio y abierto que cumplirá la normativa vigente, promoverá la participación ciudadana y pondrá a disposición del público toda la información. Indicó que se abrirá un espacio para recibir observaciones, especialmente de las comunidades cercanas al sitio, conforme al Acuerdo de Escazú. “Es fundamental entender que no se trata de una concesión”, afirmó, y agregó que, si se alcanza un acuerdo, el equipo ministerial anunciará la figura jurídica que lo sustente, con pleno cumplimiento de la Constitución y los requisitos legales.

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