En América Latina, se suele medir la inversión en infraestructura por el monto anunciado, el tamaño de la obra o la fecha de inauguración. Sin embargo, existe una pregunta que debería recibir tanta atención como el costo de construcción: ¿qué hará falta para que esa infraestructura siga funcionando dentro de veinte o treinta años?
Una carretera, un puerto o una marina no cumplen su propósito simplemente porque hayan sido construidos. Su valor depende del servicio que prestan y de la capacidad de sostenerlo en el tiempo.
Desde mi experiencia como empresario e inversionista, particularmente en la operación de marinas en Puerto Rico, considero que esa diferencia debería ocupar un lugar central en la conversación sobre infraestructura en Panamá. Construir es una decisión de inversión. Mantener, renovar y operar exige un compromiso que continúa mucho después de la inauguración.
El mantenimiento debe formar parte de la inversión
El mantenimiento suele hacerse visible cuando deja de hacerse. Mientras una instalación funciona, puede parecer que una inspección, una reparación preventiva o la sustitución de un componente admiten otra postergación.
Pero aplazar una obligación no significa eliminarla. El Banco Mundial ha señalado que el mantenimiento insuficiente o diferido tiene consecuencias para las personas, las empresas y el conjunto de la economía. También advierte que gastar más no basta: es necesario mejorar la planificación y la ejecución del mantenimiento.
La distinción importa. No se trata de aumentar todos los presupuestos sin criterio ni de reemplazar equipos antes de tiempo. Se trata de decidir qué intervención corresponde, cuándo debe realizarse y qué riesgo se asume al posponerla.
Por eso, al evaluar un proyecto, plantearía tres preguntas inseparables: cuánto cuesta construirlo, cuánto cuesta conservarlo durante su vida útil y qué ocurre si deja de prestar servicio.
Una inversión no está completamente evaluada si solo se conoce la respuesta a la primera pregunta.
Una lección desde las marinas de Puerto Rico
Grand Caribbean Marinas opera una red de seis marinas en Fajardo y el este de Puerto Rico. Sus instalaciones incluyen almacenamiento de embarcaciones y servicios de reparación, además de espacios de atraque. Esa combinación permite entender por qué la infraestructura debe analizarse como una operación completa, no únicamente como una superficie disponible.
El almacenamiento en seco de embarcaciones, conocido como dry stack, ofrece un ejemplo sencillo. No basta con disponer de espacio para guardar barcos: también hay que poder trasladarlos al agua y devolverlos a su ubicación de forma segura y organizada.
Pensemos en una instalación cuya actividad depende de un equipo de elevación. Si ese equipo queda fuera de servicio, el problema no se limita a la factura de reparación. Puede obligar a reprogramar movimientos, retrasar entregas y alterar el trabajo de clientes y proveedores.
La decisión de mantenimiento, por tanto, debería considerar más que el precio de una pieza. Habría que evaluar su estado, la disponibilidad de repuestos, el tiempo de reparación y las alternativas para mantener el servicio.
Una pregunta útil para cualquier operador sería: si este componente deja de funcionar mañana, ¿qué actividades se detienen y cuánto tiempo tomaría recuperarlas?
Esa lógica es aplicable a un muelle, una instalación logística o una planta industrial. El punto no es mantener todo con la misma intensidad, sino identificar qué elementos son críticos y asignarles la atención correspondiente.
El costo de una interrupción también cuenta
Al comparar dos equipos, la opción de menor precio puede parecer la más conveniente. Sin embargo, yo no tomaría esa decisión sin conocer sus necesidades de mantenimiento, la disponibilidad de asistencia técnica y el plazo de suministro de sus componentes.
El costo de adquisición es solo una parte de la comparación. También deberían entrar en ella la operación, las reparaciones, la reposición y las consecuencias de una interrupción.
Lo mismo ocurre con una ampliación. Antes de aumentar la capacidad de una instalación, convendría preguntarse si la infraestructura existente está preparada para atenderla. Más espacio no necesariamente resuelve una limitación en energía, acceso, equipos o personal.
Desde esa perspectiva, conservar y modernizar no son alternativas menores frente a construir. Son decisiones que deberían competir por el capital con la misma exigencia de justificación técnica y económica.
Una agenda de mantenimiento para Panamá
Para Panamá, propondría que toda discusión sobre nueva infraestructura incluya un plan igualmente concreto para su conservación.
Ese plan debería identificar los componentes principales, sus responsables, los recursos previstos y los criterios para decidir cuándo reparar, renovar o sustituir. No debería quedar como una obligación genérica que se atenderá cuando exista presupuesto.
En el ámbito público y privado, también convendría distinguir entre mantenimiento rutinario, rehabilitación y ampliación. Si todas las necesidades se agrupan bajo una misma partida, resulta más difícil saber qué se está preservando, qué deterioro se está corrigiendo y qué capacidad nueva se está incorporando.
Los contratos y las concesiones deberían acompañar esa claridad. Mi criterio es que los derechos operativos, las obligaciones de conservación y los mecanismos de supervisión deben guardar coherencia con la vida del activo. La previsibilidad para invertir debería ir acompañada de responsabilidad por el estado en que se mantiene la infraestructura.
La pregunta no sería únicamente quién construye, sino quién responde por el funcionamiento a lo largo del tiempo.
Medir el servicio, no solamente el gasto
Para evaluar la gestión, propondría mirar indicadores que un usuario pueda reconocer: disponibilidad del servicio, frecuencia de interrupciones, tiempo de recuperación y cumplimiento del mantenimiento programado.
También revisaría el trabajo pendiente. Un presupuesto ejecutado en su totalidad no demuestra, por sí solo, que se hayan atendido las necesidades más importantes.
La tecnología puede apoyar esta tarea, pero no debería convertirse en un fin en sí mismo. El Banco Mundial identifica el monitoreo y los avances tecnológicos, combinados con una planificación de inversión de mediano y largo plazo, entre los enfoques para mejorar la conservación de infraestructura.
Yo empezaría por una disciplina básica: registrar qué se inspeccionó, qué se encontró, quién debe actuar y cuándo debe hacerlo. Un sistema sofisticado aporta poco si nadie tiene la responsabilidad o los recursos para responder a sus señales.
La capacitación del personal y la claridad de los procedimientos deberían recibir tanta atención como la adquisición de herramientas.
Pensar en décadas, no en inauguraciones
Panamá no necesita escoger entre construir infraestructura y cuidar la que ya existe. Necesita evaluar ambas responsabilidades dentro de una misma decisión de inversión.
Antes de aprobar una obra, debería ser posible explicar cómo se operará, cómo se financiará su conservación y qué capacidad habrá para responder cuando algo falle.
Ese compromiso también corresponde a los inversionistas. No basta con proyectar ingresos; hay que reconocer los recursos necesarios para sostener el servicio que los hace posibles.
El verdadero éxito de una infraestructura no se mide el día de su inauguración, sino en todos los años durante los cuales continúa funcionando.
Giuseppe Cicatelli es fundador y principal de Bacalia Group y presidente ejecutivo de Grand Caribbean Marinas. Su actividad combina inversión, desarrollo empresarial y gestión de infraestructura en Puerto Rico.
